En una serie de operativos recientes, la Fiscalía General de la Nación en Colombia, con el apoyo de la Policía Nacional, emprendió acciones significativas contra la organización delictiva conocida como ‘Los Pachelly’.
Estas operaciones, ejecutadas
en el departamento de Antioquia, han tenido un impacto notable en las finanzas
de esta estructura criminal, reconocida por sus actividades de extorsión.
Según informó la Fiscalía
General de la Nación, se impusieron medidas cautelares sobre trece vehículos
que habrían sido adquiridos con dinero procedente de actividades ilícitas. Las
medidas incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Los
bienes, que incluyen una volqueta, una camioneta, motocicletas y
automóviles, habrían sido adquiridos en un corto período, desde 2017, cuando la
organización habría intensificado sus actividades delictivas.
Los Pachelly, conocidos por su
influencia en municipios como Bello, San Félix, San Pedro de los Milagros y
otros de la región, utilizaron las extorsiones como principal fuente de
ingresos. Las víctimas de estas extorsiones eran principalmente comerciantes y
transportadores locales. Los bienes incautados, según los cálculos
preliminares, podrían superar un valor de 500 millones de pesos.
Las diligencias donde se
materializaron estas acciones fueron realizadas de manera conjunta con la Sijín
del Departamento de Policía de Antioquia. Además, la Sociedad de Activos
Especiales (SAE) asumirá la administración de los vehículos afectados por las
medidas cautelares.
La Fiscalía destacó que las
acciones formaron parte de un esfuerzo más amplio para impactar las finanzas de
las organizaciones criminales y debilitar su capacidad operativa. Estas
medidas son el resultado de un proceso de investigación y seguimiento a las
actividades de ‘Los Pachelly’, quienes han sido un blanco estratégico debido a
su larga historia de actividades ilegales en la región.
La implementación de estas
medidas cautelares no solo tiene el propósito de decomisar bienes obtenidos
ilícitamente, sino también de enviar un mensaje claro respecto a la efectividad
de la lucha contra el crimen organizado en Colombia, según las autoridades.
El gobernador de Antioquia
rechaza enérgicamente el nombramiento de gestor de paz
En medio de un encendido
debate en Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha
manifestado su enérgico rechazo al nombramiento de alias Firu como gestor de
paz, un disidente capturado con armas en vehículos de la Unidad Nacional de Protección
(UNP). Este decreto fue emitido por el Gobierno de Gustavo Petro y ha
generado fuertes críticas y cuestionamientos por parte de diversos líderes
políticos del país.
Rendón, haciendo uso de un
video en sus redes sociales, cuestionó duramente esta decisión del
gobierno. “¿Qué moral, qué motivación tendrán nuestros soldados,
hombres y mujeres de la Fuerza Pública, los policías, para combatir el crimen y
defender a los colombianos cuando sus verdugos son premiados y nombrados por el
presidente como gestores de paz?”, se preguntó enérgicamente el mandatario
antioqueño.
El gobernador ha insistido en
que, a pesar de mantener su compromiso con la búsqueda de la paz, el
nombramiento de alias Firu es percibido como un premio para un individuo que,
en lugar de enfrentar una condena, obtiene un reconocimiento. Alias Firu, según
datos de la Fuerza Pública, ha sido implicado en la muerte de cuatro soldados
en Valdivia este año, como resultado de un campo minado que el disidente habría
implantado.
Rendón agregó que alias Firu
posee un extenso prontuario delictivo y ha sembrado el miedo y el
desplazamiento en el norte y nordeste de Antioquia. En sus
declaraciones, el gobernador subrayó el impacto negativo que decisiones como
esta pueden tener en la moral de las fuerzas de seguridad del país y en la
percepción de justicia entre la ciudadanía.
El decreto del presidente
Gustavo Petro, más allá de este caso puntual, ha sido ampliamente criticado, ya
que contempla la designación de varios líderes de las disidencias de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como gestores de paz. Críticos
de esta medida argumentan que legitimar a cabecillas que aún están involucrados
en actividades delictivas puede socavar la confianza en las instituciones del
Estado y en los procesos de paz.
La decisión de nombrar a estos
individuos en posiciones de paz es vista como un intento del gobierno Petro de
avanzar en negociaciones y acuerdos que pongan fin al conflicto armado en
diferentes regiones del país. Sin embargo, estas acciones han generado
polarización y un amplio debate sobre la mejor estrategia para lograr una paz
duradera y efectiva en Colombia.
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